Una conversación con Clara Aguayo y Marcos Sandoval abre un debate que pocos quieren dar: proteger a las víctimas también implica sancionar a quienes utilizan una denuncia falsa como instrumento para destruir una vida.
Hay entrevistas que uno busca porque la agenda las impone. Otras porque una cifra, una historia o una pregunta simplemente no dejan de dar vueltas en la cabeza.
Desde hacía tiempo quería conversar con Clara Aguayo, presidenta del colectivo Equidad y Justicia. Me había impactado una cifra que el propio colectivo sostiene: que alrededor del 80% de las denuncias falsas que conocen tienen como víctimas a hombres.
Más allá de que no existan estadísticas oficiales que permitan dimensionar el fenómeno a nivel nacional, esa afirmación me dejó varias preguntas rondando la cabeza.¿Será una consecuencia no prevista de los derechos y mecanismos de protección que con justicia se han otorgado a las mujeres? ¿O será que los hombres, por una cuestión cultural, pocas veces denuncian cuando son víctimas de una acusación falsa y mucho menos buscan la reparación del daño? No tenía respuestas.
Precisamente por eso quería escuchar la otra parte de una discusión que casi siempre se evita.La oportunidad llegó en la Legislatura del Estado de Querétaro, donde el colectivo mantiene mesas de trabajo con diputadas y diputados para presentar la iniciativa denominada Ley Alberto, una propuesta que busca sancionar las denuncias falsas y fortalecer las garantías del debido proceso para cualquier persona acusada injustamente, sin importar su género.La conversación apenas comenzaba cuando escuché una frase que marcó el resto de la entrevista.»Quienes se oponen a esta ley son quienes han denunciado falsamente.»Fue una afirmación fuerte. Incómoda.
De esas que obligan a detenerse y pensar. Más allá de estar o no de acuerdo con ella, evidenciaba que la discusión ya no giraba únicamente alrededor de una iniciativa legislativa, sino sobre un tema que la sociedad ha preferido mantener en silencio.Clara Aguayo y Marcos Sandoval insistieron en que la propuesta no pretende enfrentar a hombres contra mujeres ni restar importancia a la violencia que muchas mujeres viven todos los días. Al contrario.
Argumentaron que sancionar las denuncias falsas fortalece el sistema de justicia porque permite que las autoridades concentren sus recursos en atender a las verdaderas víctimas, en lugar de destinar tiempo y capacidad institucional a investigaciones construidas sobre hechos inventados.La iniciativa toma el nombre del maestro Alberto, un caso que, aseguran, evidenció las devastadoras consecuencias personales, familiares, económicas y emocionales que puede sufrir alguien cuando enfrenta un proceso derivado de una acusación falsa.
Sin embargo, aclararon que la ley no está pensada para un caso en particular, sino para proteger a cualquier persona que enfrente una situación similar.Otro dato llamó mi atención. Según la experiencia del colectivo, la mayoría de quienes buscan su acompañamiento son hombres. No porque las mujeres no padezcan injusticias —sería absurdo afirmarlo—, sino porque muchos hombres simplemente no denuncian el daño que una acusación falsa provoca en su reputación, su patrimonio, su familia y su salud emocional.
Además de impulsar la Ley Alberto, el colectivo trabaja en la atención psicológica para personas que enfrentan este tipo de procesos y busca construir estadísticas que permitan conocer la verdadera dimensión del problema, ya que, afirman, hoy no existen registros oficiales suficientes.
Mientras escuchaba los argumentos, comprendí que el verdadero debate no consiste en decidir si deben protegerse los derechos de las mujeres o los de los hombres. Una democracia está obligada a proteger los derechos de ambos.La discusión de fondo es otra: si una denuncia falsa destruye una vida y consume recursos públicos que deberían destinarse a víctimas reales, ¿por qué habría de quedar impune?
La Ley Alberto apenas inicia su camino legislativo. Encontrará respaldo y seguramente también resistencias. Lo deseable es que el debate se construya sobre evidencia jurídica, respeto al debido proceso y acceso igualitario a la justicia.Porque una sociedad pierde cuando una víctima no es escuchada.Pero también pierde cuando un inocente es condenado por la opinión pública antes de que exista una sentencia.
