Durante años, en Querétaro se ha hablado de la necesidad de construir una verdadera Ley de Protección para Periodistas. Se han presentado intentos, propuestas y buenas intenciones, pero ninguna ha logrado traducirse en un marco jurídico moderno que responda a las amenazas que hoy enfrenta el ejercicio periodístico.
Por eso, el Parlamento Abierto convocado por el Congreso del Estado representa mucho más que una mesa de discusión: probablemente sea la mejor oportunidad que tendrá nuestra generación para construir una legislación útil, actualizada y capaz de proteger realmente a quienes ejercemos el derecho de informar.
Tuve la oportunidad de participar como panelista y quise insistir en un punto que considero fundamental. En Querétaro, afortunadamente, no hemos vivido una ola de ataques armados contra periodistas como ocurre en otras entidades del país. Sin embargo, reducir la violencia únicamente a las agresiones físicas sería un grave error.
Hoy existen otras formas de violencia que dañan profundamente el ejercicio periodístico: el amedrentamiento digital, las campañas sistemáticas de desprestigio, el acoso en redes sociales, las amenazas veladas, la presión política y económica, así como los intentos permanentes por desacreditar a quienes investigan o publican información incómoda. Esa violencia también silencia, también intimida y también debe ser reconocida por la ley.
En una segunda intervención propuse la creación de una Comisión de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, acompañada por la figura de un ombudsperson verdaderamente autónomo. No solo para reaccionar cuando ocurra una agresión, sino para orientar, asesorar y acompañar a quienes enfrentan cualquier tipo de violencia derivada de su labor.
El Parlamento también dejó sobre la mesa un debate importante: periodistas y defensores de derechos humanos comparten riesgos, pero desempeñan funciones distintas. La ley deberá encontrar el equilibrio para proteger a ambos sectores sin perder de vista las particularidades de cada uno.
Pero quizá la reflexión más importante no está únicamente en el Congreso.
Está entre nosotros.
Me llamó la atención la ausencia de muchas voces que debieron estar presentes. Faltaron más mujeres periodistas y comunicadoras, faltaron directivos de medios y faltaron muchos compañeros periodistas. Todos fueron invitados.
Cada quien tendrá sus razones para no asistir, pero cuando hablamos de construir una ley que puede definir las condiciones en las que ejerceremos el periodismo durante los próximos años, la participación deja de ser una opción para convertirse en una responsabilidad colectiva.
Esta discusión no debe verse con colores partidistas, simpatías políticas ni diferencias personales. La protección del periodismo no pertenece a un partido ni a un gobierno; pertenece a la sociedad, porque sin periodistas libres difícilmente puede existir una ciudadanía informada.
Todavía quedan mesas de trabajo. Todavía hay tiempo para presentar propuestas, corregir errores y enriquecer el proyecto.
Ojalá que esta vez no dejemos pasar la oportunidad.
Porque las leyes que protegen al periodismo no se construyen todos los días. Y cuando finalmente existe la posibilidad de hacer una buena, la peor decisión sería observarla desde la distancia.
