Ayer, en rueda de prensa, la diputada Claudia Díaz Gayou, acompañada por activistas entre ellas: Laura Sepúlveda, Astrid Cerón y Maribel Barrón, presentó una iniciativa de reforma electoral que busca fortalecer los derechos político-electorales de las mujeres en Querétaro.
La propuesta plantea hacer efectiva la igualdad sustantiva mediante la alternancia obligatoria de candidaturas en aquellos municipios que jamás han sido gobernados por una mujer y que, además, concentran la mayor población del estado: Corregidora, El Marqués, San Juan del Río y el municipio de Querétaro.
La lógica es sencilla: si durante siglos el poder ha sido monopolizado por hombres, la ley debe garantizar una alternancia progresiva: una mujer, después un hombre, y así sucesivamente.
Pero la verdadera pregunta no es qué dice la iniciativa.
La pregunta es mucho más incómoda: ¿por qué tiene que convertirse en ley?¿Acaso en casi 500 años de historia de Querétaro nunca existió una mujer con la capacidad, el liderazgo o la preparación para gobernar estos municipios?
Por supuesto que sí existieron y si existen.La realidad es otra: durante generaciones, las cúpulas del poder político y de los partidos cerraron las puertas a las mujeres. No fue falta de talento; fue exceso de machismo. No fue ausencia de liderazgos; fue una decisión sistemática de privilegiar siempre a los mismos perfiles.Y eso debería indignarnos.
Lo más grave es que en pleno siglo XXI todavía sea necesario legislar para obligar a los partidos políticos a hacer lo que debieron hacer por convicción hace décadas: abrir espacios reales de poder para las mujeres.
Que nadie confunda esta reforma con una concesión o un favor. Las mujeres no están pidiendo que les regalen cargos. Están exigiendo que deje de negárseles la oportunidad de competir en igualdad de condiciones.
Capacidad, experiencia y liderazgo existen de sobra. No en unas cuantas mujeres, sino en miles de queretanas que durante años han sido relegadas por estructuras políticas profundamente conservadoras.
Durante la rueda de prensa le pregunté a la diputada Claudia Díaz Gayou si, considerando que esta reforma requiere mayoría simple —13 votos— y que el Congreso de Querétaro cuenta precisamente con 13 diputadas, podía darse prácticamente por aprobada.
Su respuesta retomó una frase de la diputada Juliana Hernández:
«Las reto a que hagamos un bloque por la progresividad de las mujeres.»
Es un desafío que trasciende a los partidos políticos. La invitación es clara: que, por una vez, el género pese más que los colores partidistas cuando se trata de derribar una deuda histórica.
Porque si ni siquiera 13 diputadas y los Diputados aliados a esta causa son capaces de ponerse de acuerdo para garantizar los derechos políticos de las mujeres, entonces el problema ya no será únicamente el machismo de los hombres.
Será también la incapacidad de la propia clase política para romper con un sistema que ha excluido a las mujeres durante casi cinco siglos.
