La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado la apertura de mesas de trabajo para construir una iniciativa que defina el perfil de las personas defensoras de las audiencias en radio y televisión.
A primera vista, la propuesta parece razonable. Después de todo, hablar de proteger a las audiencias suena, en principio, como una causa legítima.Pero justamente ahí comienza el verdadero debate.Lo primero que hay que aclarar es que las defensorías de audiencias no son una figura nueva. Desde hace años existen en diversos medios públicos y concesionarios.
En Querétaro, por ejemplo, Radio UAQ y TV UAQ cuentan con una Defensoría de las Audiencias encargada de recibir observaciones, promover buenas prácticas y vigilar el respeto a los derechos de quienes consumen sus contenidos.
El problema no es la existencia de esta figura.El problema es la dimensión que podría adquirir si sus atribuciones terminan convirtiéndose en un mecanismo capaz de influir en las decisiones editoriales o, peor aún, de convertirse en un filtro previo de lo que puede o no difundirse.Entonces aparecen tres preguntas inevitables.
Primero: ¿Cómo?¿De qué manera se establecerán los límites de sus facultades?No estamos hablando de revisar errores ortográficos ni de atender una queja administrativa. Estamos hablando de determinar cuándo un contenido constituye una afectación a la audiencia y cuándo simplemente forma parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
¿Quién decidirá dónde termina una opinión y comienza la desinformación?¿Quién distinguirá entre una mentira deliberada y una interpretación distinta de los hechos?En política, esas fronteras rara vez son absolutas. Con frecuencia son materia de debate, de contexto y de contraste informativo.
Por eso preocupa que una sola figura pueda convertirse, de facto, en árbitro de contenidos.Segundo: ¿Quién?Lo que se ha comentado hasta ahora es que el defensor sería designado y contratado por el propio medio de comunicación.
Y aquí aparece una contradicción difícil de ignorar.Si el defensor es un empleado, ¿podrá actuar con verdadera independencia?¿Qué ocurrirá cuando deba emitir una resolución que contradiga los intereses editoriales o comerciales de quien le paga el sueldo?¿Tendrá autonomía suficiente para sostener una decisión incómoda?¿O terminará enfrentando la posibilidad de ser removido precisamente por cumplir con su función?
Además, el perfil mismo genera enormes dudas.¿Debe ser un periodista con amplia experiencia?¿Debe ser un abogado especializado en derechos humanos y libertad de expresión?¿Debe reunir ambos perfiles?Porque las decisiones que eventualmente tome no serán únicamente técnicas; también tendrán consecuencias jurídicas y sociales.
Tercero: ¿Con qué responsabilidad?Aquí aparece quizá la interrogante más delicada.Supongamos que un contenido fue difundido con el visto bueno del defensor.Tiempo después, una autoridad electoral, administrativa o incluso judicial determina que dicho contenido violó alguna disposición legal.Entonces…¿Quién responderá?¿El periodista?¿El conductor?¿El director del medio?¿El concesionario?¿O será el defensor quien asuma la responsabilidad por haber considerado que el contenido podía difundirse?
No parece una pregunta menor.En México existen procedimientos administrativos, electorales e incluso penales relacionados con ciertos contenidos difundidos por medios de comunicación.Aceptar una responsabilidad de esa naturaleza no es cualquier cosa.Por eso vale preguntarse con toda seriedad:¿Quién estará dispuesto a asumir semejante carga?La mejor defensa sigue siendo una ciudadanía crítica
Desde mi perspectiva, el mejor defensor de las audiencias sigue siendo una ciudadanía informada.Resulta paradójico que un movimiento político cuya principal bandera ha sido empoderar al pueblo considere necesario crear nuevas figuras que, eventualmente, puedan decidir qué merece protección y qué no.
Vale la pena recordar una frase atribuida con frecuencia al expresidente Andrés Manuel López Obrador:»Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto.»Si realmente creemos en esa idea, también deberíamos confiar en la capacidad de las personas para comparar versiones, identificar sesgos y decidir libremente qué medios consideran creíbles.Hoy los ciudadanos ya no dependen exclusivamente de la televisión o la radio.Las redes sociales, los medios digitales, los periodistas independientes y, paradójicamente, la propia conferencia matutina del Gobierno ofrecen múltiples versiones sobre un mismo hecho.Cuando un comunicador miente, tarde o temprano otro medio lo exhibe.Cuando una información resulta falsa, la sociedad termina contrastándola.Así funciona el debate público.Y así debe seguir funcionando.
Más debate, menos tutelaEl periodismo no necesita nuevos guardianes.Necesita mayor libertad.Necesita reglas claras.Necesita independencia.Pero, sobre todo, necesita confiar en la inteligencia de las audiencias.El gremio periodístico tiene la obligación de defender esa libertad, no por un privilegio corporativo, sino porque una democracia sana se construye con más voces, no con menos.
Si existe un instrumento que todavía está subutilizado, ése es el Derecho de Réplica.Ahí hay una herramienta poderosa para corregir errores, equilibrar versiones y reparar agravios sin necesidad de abrir la puerta a mecanismos que puedan terminar condicionando el ejercicio periodístico.
Porque cuando alguien comienza a decidir qué puede decirse y qué no, la distancia entre la protección y la censura puede volverse peligrosamente corta.Y una democracia nunca debería recorrer ese camino.
