Hay decisiones políticas que generan la sensación de que el gobierno está actuando. Son espectaculares, producen titulares, ocupan espacios en los medios y permiten a los funcionarios presentarse como protectores de la sociedad. Sin embargo, una vez que se analizan con profundidad, queda claro que muchas de ellas son únicamente una simulación de política pública.
Ese parece ser el caso de la llamada «Ley Kuri», que pretende impedir que los menores de 15 años accedan a las redes sociales.
La intención puede parecer noble: proteger a niñas, niños y adolescentes de los riesgos que existen en internet. Nadie puede negar que las redes sociales representan peligros reales, desde el ciberacoso hasta la exposición a contenidos violentos, la manipulación algorítmica y los problemas de salud mental. Pero reconocer el problema no significa que la prohibición sea la solución.
En la entrevista que realicé con el especialista en inteligencia artificial y tecnologías de la información, Hugo Rodríguez, quedó claro que restringir el acceso puede ser una medida inicial, pero está muy lejos de resolver el problema de fondo. Él fue contundente al señalar que prohibir suele ser el camino más sencillo, no necesariamente el más efectivo.
Y es precisamente ahí donde aparece la principal contradicción de esta política.
Mientras el Gobierno del Estado presume reuniones con el secretario de Educación, Mario Delgado, para revisar los avances de esta estrategia, el debate público gira casi exclusivamente alrededor de impedir el acceso a las plataformas. Muy poco se habla de alfabetización digital, capacitación para padres de familia, formación de docentes o desarrollo de pensamiento crítico entre los propios adolescentes.
Es decir, se intenta resolver un problema educativo mediante una prohibición administrativa.
Resulta todavía más preocupante porque la discusión prácticamente ignora un derecho fundamental.
El artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de difundir información, ideas y opiniones, y constituye uno de los pilares del derecho a estar informado en una sociedad democrática. Hoy, una parte muy importante del acceso a la información pública ocurre precisamente a través de las redes sociales. Ahí informan periodistas, universidades, instituciones públicas, organismos internacionales y medios de comunicación.
Negar ese acceso de manera generalizada a un sector de la población significa también limitar uno de los espacios donde actualmente circula la información pública.
La pregunta entonces es inevitable:
¿Estamos protegiendo a los menores o estamos restringiendo su derecho a informarse porque resulta políticamente más sencillo que educarlos?
La historia demuestra que las prohibiciones rara vez eliminan un fenómeno social. El alcohol durante la Ley Seca no desapareció. La piratería no terminó bloqueando páginas. Los adolescentes no dejaron de consumir contenidos para adultos porque existiera una restricción legal.
Internet tampoco funcionará así.
Los jóvenes encontrarán VPN, cuentas prestadas, perfiles alternativos o cualquier otro mecanismo para ingresar. La tecnología siempre avanza más rápido que las leyes.
Entonces, ¿qué quedará?
Una ley que permitirá al gobierno afirmar que «ya hizo algo», aunque el problema permanezca prácticamente intacto.
Eso es precisamente lo que convierte esta política en una simulación.
Porque si realmente existiera interés por proteger a niñas, niños y adolescentes, la prioridad sería construir una cultura digital.
Sería obligatorio enseñar desde la primaria cómo identificar noticias falsas, cómo detectar manipulación emocional, cómo reconocer fraudes digitales, cómo proteger datos personales, cómo denunciar violencia digital y cómo administrar el tiempo frente a una pantalla.
Sería indispensable capacitar a madres y padres de familia, muchos de los cuales conocen menos sobre redes sociales que sus propios hijos.
Sería fundamental preparar a los docentes para acompañar a una generación que nació completamente inmersa en el entorno digital.
Y también sería necesario exigir responsabilidades a las grandes plataformas tecnológicas, cuyos algoritmos priorizan el tiempo de permanencia por encima del bienestar de los usuarios.
Nada de eso aparece como el eje central del discurso oficial.
En cambio, la prohibición se convierte en el mensaje principal.
Lo más preocupante es que este tipo de políticas pueden abrir la puerta a una lógica peligrosa: cuando un problema resulta complejo, la respuesta deja de ser educar para convertirse simplemente en prohibir.
Hoy son las redes sociales.
Mañana podrían ser otros espacios de acceso a la información.
La democracia no se fortalece limitando derechos, sino formando ciudadanos capaces de ejercerlos con responsabilidad.
La protección de la infancia no puede construirse sobre la censura preventiva ni sobre la ilusión de que una prohibición sustituye a la educación.
Si de verdad queremos proteger a las nuevas generaciones, el camino no pasa por cerrarles las puertas del mundo digital, sino por enseñarles a recorrerlo con criterio, pensamiento crítico y libertad.
Porque una sociedad informada siempre será más fuerte que una sociedad simplemente obediente.
Y mientras las autoridades sigan apostando por las prohibiciones antes que por la educación, seguiremos construyendo políticas que lucen bien en las conferencias de prensa, pero que difícilmente cambiarán la realidad de nuestros jóvenes.
