Editorial
¿Qué calificativo merece un gobierno que paga a trabajadores fallecidos, que paga doble sueldo a funcionarios de elección popular, que devuelve millones de pesos sin utilizarse en hospitales y mantiene más de mil quinientos millones guardados en el banco?
¿Es mala administración, falta de vigilancia o algo mucho más grave?
Mientras el Gobierno de Querétaro presume finanzas sanas, transparencia y honestidad, las cifras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhibidas el 10 de noviembre por Santiago Nieto Castillo y legisladores de Morena muestran una realidad que merece explicaciones.
No son simples diferencias de opinión. Hay pagos cuestionados, dinero devuelto y cantidades millonarias que no fueron utilizadas durante 2025.
¿ ESTAFAS, MENTIRAS Y AVARICIA ?
Y tres preguntas deberían preocupar a los queretanos: ¿quién se benefició?, ¿quién permitió que ocurriera? y ¿quién va a responder?
¿ESTAFAS?: dinero para los muertos y pagos para los políticos
Parece una broma de mal gusto, pero no lo es.
La Auditoría Superior de la Federación encontró pagos por más de 3 millones de pesos a 23 trabajadores registrados como fallecidos durante 2025.
Sí, leyó usted bien: trabajadores muertos aparecían en los registros de pagos de la educación pública de Querétaro.
El gobierno tuvo que explicar más de 2.2 millones de pesos correspondientes a descuentos y pagos a beneficiarios, y devolver aproximadamente 900 mil pesos, incluyendo recargos. La observación quedó aclarada, pero el episodio dejó preguntas que nadie debería ignorar.
¿Cómo llegaron esos pagos a la nómina? ¿Quién revisaba las cuentas? ¿Cuánto tiempo tardaron en detectar las inconsistencias? ¿Qué hubiera pasado si la ASF no las hubiera encontrado?
Pero hay algo más.
La misma revisión encontró pagos por 2 millones 574 mil pesos a tres trabajadores que también ocuparon cargos de elección popular.
Entre los señalados por Santiago Nieto aparece Manuel Fernández Cárdenas, regidor del municipio de Querétaro y vinculado con la dirigencia sindical del magisterio.
Mientras miles de familias deben estirar su salario para llegar a fin de mes, resulta indispensable saber si estos pagos eran legales, qué trabajo realizaban sus beneficiarios y quién los autorizó.
Y todavía falta hablar de las compras.
La USEBEQ adquirió mil 200 sillas escolares mediante un procedimiento en el que no entregó documentos fundamentales para demostrar cómo fueron invitados y seleccionados los proveedores.
¿Tan difícil es comprar sillas para las escuelas sin dejar dudas sobre el proceso?
¿Dónde están las invitaciones? ¿Quiénes participaron? ¿Por qué no se entregaron todos los documentos?
La Contraloría abrió una investigación administrativa.
El problema no es solamente cuánto dinero se gastó. El problema es saber si se gastó correctamente y quién responde cuando aparecen irregularidades.
Porque si un ciudadano debe justificar hasta el último peso de sus impuestos, ¿por qué quienes administran millones de pesos públicos no deberían enfrentar la misma exigencia?
¿MENTIRAS?: presumen cuentas limpias, pero tuvieron que devolver millones
El discurso oficial habla de orden, transparencia y buena administración.
Las cifras obligan a hacer preguntas incómodas.
La documentación presentada por Santiago Nieto muestra que los servicios de salud de Querétaro devolvieron millones de pesos a la Federación porque no fueron utilizados en los objetivos para los que estaban destinados.
En dos de los conceptos exhibidos aparecen 4.5 millones y 11.9 millones de pesos reintegrados.
La presentación señala que las devoluciones en salud alcanzaron aproximadamente 21 millones de pesos.
¿Se imagina lo que significan millones de pesos en un sistema de salud donde hay pacientes esperando atención, medicamentos, estudios y tratamientos?
Mientras los ciudadanos necesitan servicios médicos, las autoridades tienen que explicar por qué existieron recursos que terminaron regresando a la Federación.
Y aquí aparece una contradicción.
¿Cómo se puede presumir una administración ejemplar cuando las auditorías encuentran fallas que obligan a realizar aclaraciones, devoluciones y abrir investigaciones?
Que el dinero haya sido devuelto legalmente no significa que se haya aprovechado para resolver las necesidades de la población.
Y que una observación haya sido corregida tampoco significa que nunca existió.
Una cosa es tener cuentas ordenadas y otra muy distinta es utilizar las cifras que convienen para vender una imagen de perfección.
Los queretanos no necesitan propaganda sobre las maravillas de su gobierno.
Necesitan saber por qué no se utilizaron esos recursos, quién tomó las decisiones y qué consecuencias tuvieron para los servicios públicos.
Porque la transparencia no se demuestra con espectaculares, campañas de imagen ni discursos frente a las cámaras.
Se demuestra enseñando las cuentas completas.
Y cuando un gobierno presume que no tiene observaciones, lo mínimo que debe hacer es explicar por qué los documentos de fiscalización registran irregularidades, aunque algunas ya hayan sido corregidas.
¿Nos están contando toda la verdad o solamente la parte que les conviene?
¿AVARICIA?: casi dos mil millones de pesos excedentes mientras Querétaro tiene necesidades
Aquí aparece la cifra más escandalosa de toda la conferencia.
Durante 2025, el Gobierno de Querétaro recibió 1,974 millones de pesos adicionales a los ingresos que originalmente tenía previstos.
Y al terminar el año, 1,526 millones de pesos de esos recursos seguían disponibles en cuentas bancarias.
Mil quinientos veintiséis millones de pesos.
No es un error de escritura.
Es una cantidad enorme de dinero público que permanecía en bancos al finalizar el ejercicio.
Mientras tanto, los ciudadanos enfrentan problemas de transporte, necesidades hospitalarias, escuelas que requieren mantenimiento, colonias sin servicios suficientes y familias que pagan impuestos esperando mejores condiciones de vida.
Entonces, ¿por qué había tanto dinero disponible?
¿Para qué se estaba guardando?
¿Quién decide cuándo y cómo utilizarlo?
Santiago Nieto y legisladores de Morena sostienen que podría tratarse de un guardadito para el proceso electoral de 2027.
Es una acusación que debe investigarse y demostrarse. La ASF documentó la existencia del dinero y las autorizaciones financieras correspondientes, pero eso no prueba que se haya reservado para financiar intereses electorales.
Sin embargo, la explicación del gobierno sigue siendo indispensable.
Porque una cosa es ahorrar responsablemente para cumplir compromisos y otra muy distinta sería retener recursos para utilizarlos políticamente cuando más convenga.
La diferencia está en los documentos y en el destino final del dinero.
Y eso es precisamente lo que los ciudadanos deben conocer.
¿Qué obras estaban previstas? ¿Qué necesidades se dejaron pendientes? ¿Dónde están hoy esos mil quinientos millones? ¿Cuánto se ha gastado y en qué?
No basta con responder que todo está permitido por la ley.
Algo puede estar autorizado y, aun así, merecer un profundo cuestionamiento sobre si beneficia realmente a la población.
El dinero público no debe convertirse en una reserva de poder político.
Mucho menos en una herramienta para construir ventajas electorales.
Si el gobierno tiene razones legítimas para conservar esos recursos, que las explique con claridad.
Si el dinero ya fue utilizado, que muestre las obras, los servicios y los beneficios.
Y si alguien pretende utilizarlo para fines distintos al interés público, que las autoridades correspondientes intervengan.
Querétaro no necesita más discursos, necesita respuestas
Los hallazgos de la ASF no significan que todos los señalamientos constituyan delitos comprobados. Pero tampoco pueden desaparecer detrás de una conferencia de prensa, un comunicado oficial o una explicación a medias.
La pregunta no es si Santiago Nieto pertenece a Morena o si Mauricio Kuri gobierna por el PAN.
La pregunta es qué pasó con el dinero de los queretanos.
Porque el dinero que se devuelve sin haber cumplido sus objetivos es dinero que no produjo los beneficios esperados.
Los pagos cuestionados son recursos que exigen una explicación.
Y los millones que permanecen en bancos son dinero cuyo destino debe conocerse.
No se puede exigir confianza a los ciudadanos mientras se les niegan explicaciones completas.
Si las cuentas son tan claras como presume el gobierno, que las abra.
Si los pagos fueron correctos, que lo demuestre.
Si las devoluciones estuvieron justificadas, que explique por qué.
Y si los casi dos mil millones de pesos excedentes tienen un destino legítimo, que lo haga público.
En Querétaro la discusión no debería ser quién grita más fuerte, quién acusa primero o quién tiene la mejor campaña de comunicación.
La discusión debe ser quién administra el dinero público, cómo lo utiliza y a quién beneficia.
El gobierno no es dueño del dinero. Los funcionarios no son dueños del presupuesto. Y ningún partido político tiene derecho a tratar los recursos públicos como si fueran su patrimonio.
Los queretanos pagan impuestos para recibir servicios, no para financiar privilegios ni alimentar sospechas.
Y mientras las autoridades no expliquen con claridad cada una de estas cifras, las preguntas seguirán ahí.
¿Estafas, mentiras o avaricia?
Que las investigaciones determinen las responsabilidades.
Pero que nadie pretenda convencernos de que unas cuentas merecen confianza solamente porque el gobierno asegura que están limpias.
