La confianza en una autoridad electoral no se construye con discursos ni con informes llenos de fotografías de funcionarios. Se construye con independencia, transparencia y decisiones que puedan ser revisadas por la ciudadanía. Por eso, cuando aparecen relaciones personales, trayectorias políticas y contratos públicos que se prolongan durante años, las preguntas no solamente son legítimas: son necesarias.
El nombre de Gerardo Romero Altamirano merece una revisión pública. Su trayectoria lo llevó a ocupar la presidencia del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y, actualmente, la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Querétaro, encabezado por Felipe Fernando Macías.
Pero hay un antecedente que no puede ignorarse: la relación que se ha señalado entre Romero y Ricardo Anaya, a quien habría conocido desde su etapa de estudiante en el Instituto Queretano San Javier.
Si esa cercanía personal existió, como han referido publicaciones periodísticas, resulta pertinente preguntar qué papel tuvo —si alguno— en la trayectoria pública de Romero y en las decisiones institucionales que tomó durante su paso por el IEEQ.
No se trata de afirmar que una amistad determine una actuación pública. Se trata de entender cómo una persona vinculada durante años con un entorno político panista llegó a encabezar una institución cuya obligación es garantizar condiciones de equidad para todas las fuerzas políticas, particularmente en un estado donde el PAN ha mantenido una presencia prolongada en el gobierno.
La pregunta adquiere otra dimensión al observar que Felipe Fernando Macías, actual presidente municipal de Querétaro, ha sido identificado durante años con el círculo político de Ricardo Anaya. En el ámbito político incluso se le ha llamado su “ahijado político”, una expresión que describe una relación de cercanía y respaldo político, no un parentesco. Aunque Macías se ha definido públicamente como parte del equipo de Mauricio Kuri, su trayectoria también registra una relación política con Anaya: fue su secretario privado y recibió su respaldo público en procesos electorales.
Así, Romero pasó de encabezar el organismo electoral a ocupar una secretaría en el gobierno municipal de una figura que ha mantenido vínculos políticos con el mismo entorno de Anaya. ¿Es una coincidencia de trayectorias? ¿Qué relaciones y respaldos explican estos movimientos? Son preguntas que merecen respuestas, no descalificaciones.
La discusión se vuelve todavía más relevante al revisar el arrendamiento de las oficinas centrales del IEEQ, ubicadas en Avenida Las Torres 102. El organismo ocupa ese inmueble desde 2011 y, de acuerdo con antecedentes periodísticos y el contrato vigente, entre sus arrendadores aparece Donino Ángel Martínez Diez, identificado públicamente como suegro de Ricardo Anaya.
El contrato de 2026 establece una renta mensual de 227 mil 700 pesos más IVA y asigna 75 mil 900 pesos mensuales a Donino. Estamos hablando de una relación contractual que se ha prolongado por alrededor de quince años y que merece una revisión completa: ¿quién tomó las decisiones para mantener el inmueble?, ¿qué estudios justificaron que siguiera siendo la sede del Instituto?, ¿qué alternativas se evaluaron?, ¿cómo se determinó el precio y quién verificó que fuera conveniente para el erario?
La documentación de 2026 abre, además, nuevas preguntas. El dictamen del Comité de Adquisiciones contempla una renta de 227 mil 700 pesos para el inmueble principal y otra de 55 mil pesos para un espacio identificado como interior 6, en la misma dirección. Por otra parte, el documento de 2025 registraba 251 mil 604 pesos mensuales para el inmueble principal.Es decir, la renta de este último aparece disminuida en 2026, pero se incorpora otro arrendamiento cuyo alcance, superficie y propietario deben aclararse. No basta con comparar cantidades: hay que conocer qué espacios se rentan, quiénes son sus propietarios y qué recibe realmente el Instituto a cambio de cada pago.También existe una inconsistencia documental que requiere explicación: en el contrato aparece una referencia al oficio CA/016/2025, aunque el antecedente citado y la documentación del Comité corresponden a 2026. El número del dictamen principal sí coincide con el documento público; por tanto, lo que debe aclararse es el error en la referencia del oficio y su origen. Son detalles que pueden parecer administrativos, pero en el manejo de recursos públicos la precisión documental no es opcional.Y las dudas no terminan en el arrendamiento.
El IEEQ también ha estado en el centro de cuestionamientos por los contratos de materiales electorales relacionados con las empresas Cajas Graf y Litho Formas y por información solicitada por la Auditoría Superior de la Federación. Contratos realizados en el tiempo de Gerardo Romero y que permite la pregunta del conocimiento que tendría de esta contratación que ya se ha mostrado que es parte de una red de corrupción. Esa revisión debe distinguirse del contrato del inmueble: hasta ahora no hay elementos para afirmar que la auditoría esté investigando el arrendamiento. Sin embargo, sí existe una razón adicional para exigir que las contrataciones del Instituto se expliquen con documentos, montos, criterios y responsabilidades claramente identificables.
La imagen institucional también forma parte de esta discusión. La presencia de representantes de distintos niveles de gobierno y de figuras políticas en el último informe del Instituto no demuestra, por sí misma, falta de imparcialidad. Pero sí obliga a cuidar las formas y a explicar con claridad los criterios de invitación y representación, especialmente cuando la ciudadanía observa una cercanía pública entre autoridades electorales y actores de una misma corriente política.
Y queda otra pregunta: ¿qué hace hoy Gerardo Romero desde la Secretaría de Desarrollo Urbano? ¿Qué decisiones toma, qué autorizaciones encabeza y qué mecanismos existen para prevenir conflictos de interés?
Su pasado en el IEEQ y sus relaciones personales no lo hacen responsable de una irregularidad por sí mismos, pero sí justifican que su desempeño público pueda ser examinado con el mismo rigor que el de cualquier otro funcionario.
De cara a las elecciones de 2027, Querétaro necesita instituciones cuya imparcialidad no tenga que pedirse como un acto de fe. El IEEQ debe abrir sus archivos, explicar sus contratos, transparentar sus decisiones y responder las preguntas que surgen de su historia. Gerardo Romero también debe explicar su trayectoria y sus responsabilidades actuales.
No estamos dictando sentencias ni acusando sin pruebas. Estamos planteando preguntas que merecen respuestas documentadas. La confianza electoral no se exige: se acredita. Y cuando una institución y un funcionario público acumula cuestionamientos, la mejor manera de despejarlos no es descalificar a quien pregunta, sino permitir que se investigue hasta el último documento.
Hola, hay algo que le está faltando a su nota, en años recientes, ese «edificio», si es que se le puede denominar de esa forma. Fue «remodelado», lo curioso es que, no lo anunciaron.
Ojo, la «remodelación» dejó el edificio tal cual, solo le anexaron una oficina en la parte de arriba y le pusieron una escalera de caracol. Pensando muy mal, como una forma de sacar dinero de la actual presidencia. Al final ni creció, el personal no cabe y tuvieron que rentar otras oficinas para mover a la gente. $$$$$$
Gracias por tu comentario, revisaré el tema y lo investigaré
Saludos