Esta plática e dejò la sensación de que apenas comienza una discusión que lleva décadas esperando ser escuchada.
La conversación con el diputado local Ulises Gómez de la Rosa fue una de esas.Desde los primeros minutos quedó claro que no hablaríamos únicamente de una iniciativa legislativa.
Lo que el legislador puso sobre la mesa fue una reconstrucción histórica que busca demostrar que Santa Rosa Jáuregui nunca debió dejar de ser municipio.
Con documentos, fechas y referencias a archivos históricos de la Legislatura, del Archivo Histórico de Querétaro, del Archivo Municipal y de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gómez de la Rosa sostuvo que la desaparición del municipio en 1931 no fue producto de un procedimiento constitucional válido, sino de una maniobra legislativa que, asegura, omitió requisitos fundamentales como la presentación de una iniciativa formal, el dictamen de comisión, la discusión parlamentaria y la votación calificada que exigía la Constitución vigente.
Mientras desarrollaba su explicación, el diputado insistía en una idea que ha acompañado al movimiento desde hace años: la lucha por la municipalización no nació en el Congreso. Nació en las calles, en las delegaciones y en las comunidades de Santa Rosa Jáuregui, donde miles de habitantes han reclamado durante décadas recuperar una autonomía que consideran les fue arrebatada.Su argumento va más allá de crear un nuevo municipio.
La estrategia jurídica que hoy impulsa consiste en reconocer que Santa Rosa Jáuregui nunca perdió legalmente esa condición, una ruta que, de prosperar, requeriría únicamente mayoría simple en el Congreso del Estado.
Para respaldar esa tesis, informó haber entregado más de 150 documentos certificados que ahora forman parte del análisis de la Comisión de Puntos Constitucionales.La conversación inevitablemente llegó al terreno político. Gómez de la Rosa señaló al Partido Acción Nacional como el principal opositor histórico de esta causa y recordó los intentos fallidos de finales de los años noventa y durante la reforma integral de la Constitución local, cuando la propuesta tampoco logró concretarse.
Para el legislador, la votación que eventualmente realice la LXI Legislatura marcará un antes y un después. Considera que cada fuerza política deberá asumir públicamente el sentido de su voto frente a una demanda que, asegura, fue respaldada en más de 60 asambleas comunitarias y por alrededor de diez mil ciudadanos.
También advirtió que, si el Congreso rechaza la propuesta, el movimiento no terminará ahí. Entre las alternativas que analiza se encuentra la promoción de un amparo colectivo que podría escalar hasta instancias federales, al considerar que existen elementos suficientes para revisar la legalidad de lo ocurrido hace casi un siglo.
Pero más allá de la discusión jurídica, la entrevista dejó una reflexión inevitable.Desde mi perspectiva, la municipalización de Santa Rosa Jáuregui representa una de las causas públicas más importantes que enfrenta hoy Querétaro. No únicamente por el debate constitucional o por sus implicaciones políticas rumbo a 2027, sino porque ofrece la posibilidad de comenzar a reparar una deuda histórica con una comunidad que durante años ha vivido en condiciones de evidente desigualdad.
Quien recorre Santa Rosa Jáuregui encuentra una realidad muy distinta a la imagen de prosperidad que suele proyectar el municipio de Querétaro. Las carencias en infraestructura, servicios públicos, movilidad, seguridad y oportunidades contrastan con el desarrollo de otras zonas de la capital. Son rezagos que muchos de sus habitantes atribuyen al abandono institucional y a la falta de atención por parte de las administraciones municipales.
Por ello, el debate que hoy vuelve al Congreso trasciende una simple modificación del mapa político del estado. Se trata de discutir si es momento de devolver a una comunidad la capacidad de decidir su propio destino y de construir un modelo de gobierno más cercano a las necesidades de sus habitantes.La historia, después de casi un siglo, parece haber regresado al mismo punto donde comenzó.
Ahora será el Congreso de Querétaro el que decida si esa deuda permanece abierta o si finalmente comienza a saldarse.
