Hay debates que vale la pena dar. Éste es uno de ellos.
La protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital no admite indiferencia.
El ciberacoso, la violencia digital, la explotación sexual, la manipulación mediante algoritmos y la adicción a las pantallas son problemas reales que exigen respuestas serias.
Lo interesante es que hoy existen dos posturas que, aunque parten de una preocupación legítima, proponen caminos distintos.
En Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri optó por una ruta inmediata: impulsar una legislación que restringe el acceso de menores de edad a las redes sociales bajo el argumento de proteger a las infancias de los riesgos del entorno digital.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado una estrategia diferente. Antes de presentar una iniciativa de alcance nacional, propuso abrir foros de consulta con especialistas, académicos, docentes, madres, padres de familia, jóvenes y empresas tecnológicas para construir una regulación que responda a una realidad mucho más compleja que una simple prohibición.
Entre ambas posiciones existe una diferencia de fondo: una busca legislar primero; la otra escuchar primero.
Y es precisamente ahí donde debería centrarse el debate.La pregunta no es si debemos proteger a niñas, niños y adolescentes. En eso prácticamente todos coincidimos. La verdadera pregunta es si prohibir el acceso a las redes sociales resolverá el problema.
Mi respuesta es no.
El problema nunca ha sido la existencia de las redes sociales. El problema es el contenido que circula en ellas y la facilidad con la que quienes ejercen ciberbullying, violencia digital, extorsión, acoso o manipulación permanecen impunes.
Prohibir el acceso puede resultar atractivo desde el discurso político, pero difícilmente será eficaz en la práctica.Un menor puede utilizar el teléfono de sus padres, el de un hermano mayor, el de un amigo o acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Ninguna ley podrá vigilar cada pantalla.Por eso, el verdadero debate no debería ser cómo impedir que un menor abra una cuenta, sino cómo obligar a las grandes empresas tecnológicas a asumir la responsabilidad que durante años han evitado.
Ellas son quienes deberían estar bajo la mayor presión de los gobiernos.Ellas deberían estar obligadas a responder en cuestión de horas las denuncias por ciberbullying, amenazas o violencia digital.
Ellas deberían ser sancionadas cuando ignoren reportes de abuso.Ellas deberían modificar sus algoritmos para evitar que los menores sean expuestos a contenidos nocivos.
En un punto sí parece existir consenso: desarrollar sistemas eficaces de verificación de edad que permitan ofrecer contenidos adecuados para cada etapa del desarrollo.
Esa sí parece una medida inteligente, porque regula el acceso a determinados contenidos sin convertir la prohibición absoluta en la única respuesta.
Ya hemos visto intentos de resolver problemas tecnológicos mediante prohibiciones. La experiencia demuestra que las personas siempre encontrarán la forma de acceder a aquello que desean.
Lo verdaderamente difícil es obligar a las plataformas a modificar sus prácticas.Las infancias necesitan protección, no simulación.
Porque cuando el problema es el contenido, prohibir la herramienta equivale a confundir la causa con el síntoma.
Regular a las grandes compañías tecnológicas será mucho más complejo que prohibir una aplicación. Pero también será mucho más útil.
Prohibir suele ser la respuesta más sencilla.Construir soluciones eficaces siempre será la más responsable.
