Cada vez que miles de queretanos se quedan sin electricidad, la respuesta parece automática: «la culpa es de la CFE». Es una narrativa sencilla, rentable políticamente y útil para desviar la atención. Pero la realidad es mucho más compleja.
La propia Comisión Federal de Electricidad ha explicado que una parte importante de las suspensiones del servicio no corresponde a apagones por falta de energía, sino a interrupciones provocadas por lluvias, fuertes vientos, árboles que hacen contacto con las líneas, actos de vandalismo, robo de cable y otros eventos que afectan la red de distribución.
Eso no significa que la infraestructura eléctrica no necesite modernizarse. Al contrario. Significa que el problema no puede reducirse a un solo responsable.
Querétaro vive uno de los mayores crecimientos urbanos e industriales del país. Año con año se autorizan nuevos fraccionamientos, parques industriales y desarrollos habitacionales que incrementan la demanda de electricidad. Cada nueva vivienda y cada nueva empresa ejercen presión sobre una infraestructura que debe crecer al mismo ritmo.
Y aquí aparece la pregunta que nadie quiere responder.
Cuando el Congreso del Estado aprobó el empréstito por 3 mil 300 millones de pesos, el diputado Gerardo Ángeles Herrera sostuvo que esos recursos permitirían impulsar proyectos estratégicos, entre ellos infraestructura energética para acompañar el crecimiento de Querétaro.
Han pasado los años y los ciudadanos tienen derecho a preguntar: ¿dónde están esas obras?, ¿qué infraestructura eléctrica se construyó?, ¿qué resultados concretos dejó ese compromiso? La deuda pública existe. Lo que sigue sin mostrarse con la misma claridad son los beneficios que se prometieron en materia de infraestructura eléctrica.
Mientras tanto, ayer, en entrevista para este espacio, la senadora con licencia Bety Robles aseguró que la CFE tiene previsto invertir 9 mil millones de pesos en infraestructura eléctrica, con el objetivo de fortalecer la red y atender el crecimiento de la demanda.
Si esa inversión se concreta, sería una de las más importantes de los últimos años y demostraría que la solución pasa por fortalecer la infraestructura, no por alimentar una narrativa que pretende responsabilizar exclusivamente a la empresa pública.
La discusión de fondo debería abandonar el terreno de la propaganda.
Las lluvias no distinguen partidos políticos.
El viento no pregunta quién gobierna.
Los árboles que invaden las líneas eléctricas requieren programas permanentes de poda.
El vandalismo y el robo de cable deben combatirse con prevención y seguridad.
Y el crecimiento acelerado del estado exige planeación e inversiones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno.
Los queretanos merecen un debate serio. Sí, la CFE debe responder cuando existan deficiencias bajo su responsabilidad. Pero también es momento de exigir cuentas a quienes planearon el crecimiento urbano, aprobaron nuevos desarrollos y prometieron fortalecer la infraestructura eléctrica con recursos públicos.
El verdadero corto circuito no está únicamente en la red eléctrica.
Está en una discusión política que prefiere buscar culpables antes que asumir responsabilidades compartidas y ofrecer soluciones de largo plazo.
