Editorial | David Smeke
Hubo un tiempo en que mover las caderas era considerado una amenaza para las buenas costumbres. Elvis Presley escandalizaba a las autoridades y a los sectores más conservadores de la sociedad estadounidense. Su música no era el único problema: también lo era su manera de interpretarla.
Setenta años después, en Querétaro, la pregunta parece regresar con otro ritmo y otros protagonistas: ¿quién tiene derecho a decidir qué puede cantar un artista y qué puede escuchar el público?
Lo ocurrido con Gabito Ballesteros durante la Feria Internacional Ganadera de Querétaro abre una discusión que va mucho más allá de los corridos tumbados y la llamada apología del delito.
Porque, según la explicación del Comité Organizador, antes de subir al escenario el cantante tuvo que entregar una lista de canciones para que las autoridades determinaran cuáles podía interpretar.
¿Desde cuándo una autoridad municipal se convirtió en árbitro del contenido artístico?
El argumento oficial es que se busca evitar la promoción de la violencia y la delincuencia. Un propósito legítimo que, sin embargo, no debería quedar exento de cuestionamientos sobre los medios utilizados para alcanzarlo.
¿Quién revisa las letras? ¿Un inspector municipal? ¿Un funcionario administrativo? ¿Un especialista en derecho penal? ¿Existe un dictamen jurídico individual para cada canción prohibida?
¿O simplemente se elabora una lista de canciones inconvenientes y se advierte al artista que, si se atreve a interpretarlas, le suspenderán el espectáculo?
Aquí aparece el verdadero problema.
¿Estamos frente a una regulación de espectáculos públicos o ante un mecanismo de censura previa disfrazado de autorización administrativa?
La diferencia no es menor.
Una cosa es sancionar una conducta que efectivamente constituye una infracción legal. Otra muy distinta es condicionar anticipadamente una expresión artística a la aprobación de una autoridad.
Y aunque los organizadores aseguran que Ballesteros incumplió el repertorio autorizado, el cantante sostiene que la canción AMG no estaba entre las que le habían prohibido.
¿Quién tiene la razón? Bastaría con mostrar el documento que contiene las canciones autorizadas, las excluidas y los criterios utilizados para tomar esa decisión.
Pero hay algo todavía más interesante.
Revisemos la letra de AMG, la canción que terminó por provocar la suspensión del concierto.
Habla de automóviles de lujo, dinero, champaña, aviones privados, mujeres y éxito económico. Incluye expresiones como «soy maleante» y referencias que podrían interpretarse como intimidación.
¿Eso basta para concluir que promueve la delincuencia? Hasta donde yo sé, ser maleante es tener una mala conducta. ¿Ser maleante significa necesariamente ser narcotraficante?
¿Presumir riqueza constituye apología del delito? ¿Narrar una vida de excesos equivale a invitar a los jóvenes a delinquir?
¿En qué parte de la canción se identifica a una organización criminal o se invita expresamente a cometer un delito?
La autoridad debería poder responder estas preguntas con argumentos jurídicos, no solamente con apreciaciones morales.
Y entonces llegamos al otro gran olvidado de esta historia: el público.
Miles de personas acuden a un concierto para escuchar los éxitos de sus artistas favoritos. Compran boletos, se trasladan, esperan durante horas y desean disfrutar precisamente las canciones que hicieron famosos a sus intérpretes.
Pero resulta que, antes de comenzar el espectáculo, alguien ya decidió cuáles podrán escuchar y cuáles no.
¿Se informa previamente a los espectadores que determinados éxitos están prohibidos? ¿Quién protege su derecho a recibir expresiones artísticas? ¿Qué responsabilidad tienen los organizadores cuando un concierto termina abruptamente por decisiones relacionadas con el repertorio?
Porque la libertad de expresión no solamente comprende el derecho de quien canta. También involucra la libertad de las personas para buscar y recibir expresiones culturales.
Por supuesto, ningún artista está por encima de la ley. Si acepta condiciones contractuales válidas, puede enfrentar consecuencias por incumplirlas. Pero un contrato no convierte automáticamente en constitucional cualquier restricción impuesta por una autoridad.
Y tampoco debemos confundir este debate con la investigación que actualmente desarrolla la Fiscalía General de la República por posibles delitos relacionados con armas de fuego y resistencia a la autoridad.
Son asuntos diferentes que deben investigarse y resolverse por separado. La existencia de una investigación penal no demuestra que una canción constituya apología del delito, ni justifica automáticamente la decisión de suspender el espectáculo.
Volvamos entonces a la pregunta inicial.
¿Querétaro necesita funcionarios que revisen canciones antes de permitir que sean interpretadas? ¿Quién vigila a quienes deciden qué expresiones artísticas son aceptables? ¿Dónde termina la protección de la sociedad y dónde comienza la censura?
La violencia y la delincuencia son problemas reales que requieren respuestas de las instituciones de seguridad y justicia. Pero habría que preguntarse si prohibir canciones contribuye efectivamente a resolverlos.
Elvis Presley terminó convirtiéndose en uno de los mayores símbolos culturales del siglo XX, a pesar de quienes pretendieron controlar sus movimientos sobre el escenario.
Hoy no se trata de comparar su música con la de Gabito Ballesteros. Se trata de reconocer una discusión que atraviesa generaciones: el intento de regular las expresiones artísticas desde el poder.
Antes se cuestionaba cómo se movían las caderas. Hoy se revisan las letras y se autorizan repertorios.
Y mientras no se expliquen públicamente los criterios, las facultades y los fundamentos de esas decisiones, seguirá existiendo una pregunta incómoda:
¿En Querétaro se está combatiendo la apología del delito o se está decidiendo, desde una oficina gubernamental, qué música tenemos permitido escuchar?

