Tras los cuestionamientos que realicé por medio del sitio davidsmeke.blog, el gobierno de Felipe Fernando Macías reconoció su relación contractual con Litho Formas y reveló que esta se remonta a administraciones anteriores. Sin embargo, no aclaró desde cuándo, por qué se adjudicó directamente un contrato superior al millón de pesos ni qué participación pudo tener Gerardo Romero Altamirano, expresidente del IEEQ y actual secretario de Desarrollo Urbano.
El Municipio de Querétaro terminó por reconocer lo que nuestra investigación periodística había documentado: sí existen contratos con Litho Formas, S.A. de C.V., empresa mencionada en investigaciones periodísticas relacionadas con contrataciones de material electoral y el caso de Guadalupe Taddei.
Ayer, 7 de noviembre de 2026, mediante el comunicado oficial 641/2026, el gobierno encabezado por Felipe Fernando Macías respondió a nuestra editorial, en la que exigimos explicaciones sobre las contrataciones realizadas con esta compañía.
La respuesta municipal confirmó la relación comercial, pero dejó abiertas prácticamente todas las preguntas que motivaron nuestra publicación.
El gobierno aseguró que Litho Formas es una empresa especializada en papel seguridad y documentos con características especiales de protección. También señaló que ha trabajado para instituciones federales como el INE, la Secretaría de Hacienda, la Lotería Nacional y otras dependencias.
Sin embargo, que una empresa tenga experiencia y contratos con distintas instituciones públicas no demuestra, por sí mismo, que una adjudicación directa esté debidamente justificada.
Mucho menos explica por qué fue seleccionada, cuánto dinero público ha recibido, quién tomó las decisiones y qué mecanismos garantizaron las mejores condiciones para el Municipio.
¿Desde cuándo Litho Formas es proveedora del Municipio?
Quizá la revelación más importante del comunicado sea una afirmación que el propio gobierno municipal introdujo:
«La contratación de esta empresa no es exclusiva de la actual administración municipal, sino que tiene antecedentes en administraciones anteriores».
La declaración abre una nueva línea de investigación.
¿Desde qué administración comenzaron los contratos con Litho Formas? ¿Durante el gobierno de Marcos Aguilar Vega, cuando Felipe Fernando Macías fue regidor? ¿Durante la administración de Luis Bernardo Nava? ¿O fue a partir de 2021, cuando Gerardo Romero Altamirano se incorporó al gobierno municipal después de haber presidido el Instituto Electoral del Estado de Querétaro?
Estas preguntas no son acusaciones. Son interrogantes legítimas que surgen de la propia respuesta del Municipio.
Porque si el gobierno decidió mencionar que la relación comercial viene de administraciones anteriores, también debería explicar cuáles fueron esas administraciones, cuántos contratos se celebraron, por qué montos y mediante qué procedimientos de contratación.
No basta con señalar que la relación es antigua. La antigüedad de un proveedor no constituye una garantía automática de legalidad, competencia o conveniencia económica.
Dos convocatorias desiertas y una adjudicación directa
Nuestra redacción cuenta con el contrato DACBS/044/25, firmado el 29 de abril de 2025, por un monto de 1 millón 39 mil 824 pesos, incluido el IVA.
El documento corresponde a servicios de impresos solicitados por la Dirección del Registro Civil del Municipio de Querétaro.
Pero sus antecedentes revelan un procedimiento que merece una explicación mucho más detallada.
El 1 de abril de 2025, el Comité de Adquisiciones autorizó una invitación restringida a cuando menos tres proveedores, identificada como IR-008/2025.
El 15 de abril, ese procedimiento fue declarado desierto.
Posteriormente se realizó una segunda convocatoria, que también fue declarada desierta el 23 de abril.
Finalmente, seis días después, el 29 de abril, se formalizó la adjudicación directa a Litho Formas.
El contrato cita los artículos 22, fracción I, y 38 de la legislación estatal como fundamento de la adjudicación por excepción.
La pregunta es inevitable:
¿Qué ocurrió en las dos convocatorias para que ninguna permitiera adjudicar el contrato y finalmente se recurriera a Litho Formas?
¿Quiénes fueron los proveedores invitados? ¿Cuántos participaron? ¿Presentaron propuestas económicas? ¿Fueron descalificados por razones técnicas? ¿Sus precios no resultaron convenientes? ¿O simplemente no hubo propuestas suficientes?
El contrato acredita que ambas convocatorias fueron declaradas desiertas, pero no incorpora las actas completas que permitan conocer las razones específicas.
La adjudicación directa es una figura legal y no representa por sí misma una irregularidad. Lo que debe comprobarse es si se cumplieron todos los requisitos para utilizarla.
Y precisamente eso es lo que el comunicado municipal no explica.
¿Tan especializada es la impresión que nadie más podía realizarla?
El Municipio justifica la contratación señalando que Litho Formas tiene experiencia en documentos de seguridad.
Pero existe un elemento fundamental que todavía no conocemos: el anexo técnico del contrato.
El documento que llegó a nuestra redacción remite a las requisiciones 213631 y 214432, así como a un anexo donde deben establecerse las especificaciones, cantidades y características de los materiales contratados.
Ese anexo no forma parte de las 13 páginas que hemos podido revisar.
Por tanto, todavía no es posible determinar qué documentos fueron adquiridos, cuántos se imprimieron, cuál fue su costo unitario y qué características técnicas especiales requerían.
¿Se trataba de papel seguridad con elementos difíciles de reproducir? ¿De formatos administrativos especializados? ¿De documentos con sistemas de autenticación?
¿Existen empresas en Querétaro o en otras entidades capaces de fabricar productos equivalentes?
No podemos afirmar que otros proveedores estuvieran en condiciones de cumplir sin conocer las especificaciones técnicas. Pero tampoco puede aceptarse la especialización de una empresa como explicación suficiente sin mostrar qué se compró y cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionarla.
La capacidad técnica se demuestra con documentos, no solamente con declaraciones oficiales.
Gerardo Romero Altamirano: una explicación que sigue pendiente
Existe otro elemento que el gobierno municipal evitó abordar.
Gerardo Romero Altamirano presidió el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, organismo que también ha mantenido relaciones contractuales con Litho Formas.
Posteriormente se incorporó a la administración municipal y actualmente ocupa la Secretaría de Desarrollo Urbano.
Su trayectoria política y administrativa, así como su vinculación con el PAN, hacen pertinente conocer si tuvo alguna participación en la llegada o permanencia de esta empresa como proveedora del Municipio.
¿Fue Gerardo Romero quien recomendó, promovió o facilitó la contratación de Litho Formas cuando llegó al gobierno municipal en 2021?
¿La empresa ya tenía contratos con el Municipio antes de su incorporación?
¿Intervino en alguna decisión relacionada con su contratación o simplemente se trata de una coincidencia entre proveedores de distintas instituciones?
Hasta ahora, el contrato de abril de 2025 no identifica a Gerardo Romero como firmante, administrador ni responsable de ese procedimiento. Tampoco contamos con pruebas documentales que acrediten su intervención en contrataciones anteriores.
Pero precisamente por eso resulta indispensable que la autoridad aclare esta circunstancia.
Consideramos que Gerardo Romero Altamirano debería emitir una explicación pública sobre su posible participación en esta relación contractual, particularmente por su antecedente al frente del IEEQ y su actual responsabilidad dentro del gobierno municipal.
No se trata de atribuirle responsabilidades sin pruebas, sino de establecer si existió alguna intervención administrativa y despejar cualquier duda sobre posibles conflictos de interés.
El silencio no demuestra culpabilidad, pero tampoco resuelve una pregunta legítima.
¿Cuántos contratos más existen y cuánto dinero se ha pagado?
El comunicado municipal tampoco informó cuántos contratos ha celebrado el Ayuntamiento con Litho Formas.
No detalló sus montos acumulados, los años en que fueron adjudicados, las dependencias solicitantes ni las modalidades utilizadas.
Nuestra investigación ya identificó, además del contrato de abril de 2025, una orden de compra fechada el 29 de octubre de 2024, identificada con el número 281933, por 488 mil 592 pesos.
Corresponde determinar si existen más operaciones, qué administraciones las autorizaron y si los procedimientos garantizaron condiciones de igualdad para otros posibles proveedores.
En el contrato de 2025 aparecen como responsables formales Federico Guillermo de los Cobos y Vega, titular de la Secretaría de Gobierno; Saraih Uribe Ramírez, directora de Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios; y Gabriela Valencia García, directora del Registro Civil y administradora del contrato.
Sus responsabilidades están establecidas en el documento y deben distinguirse de cualquier señalamiento de irregularidad, que hasta ahora no está acreditado.
Lo procedente es conocer las actas de las convocatorias desiertas, las cotizaciones, los dictámenes, el anexo técnico, las facturas, los comprobantes de pago y las constancias de recepción de los bienes.
También debe conocerse el historial completo de contratos con Litho Formas, incluyendo los correspondientes a administraciones anteriores.
Un comunicado no sustituye la transparencia
El Municipio de Querétaro tuvo la oportunidad de responder con documentos a los cuestionamientos planteados por Querétaro de Verdad.
En cambio, eligió emitir una nota informativa que reconoce las contrataciones, defiende la experiencia de la empresa y asegura que los procedimientos se realizaron conforme a la legislación.
Pero no basta con decir que todo fue legal.
La rendición de cuentas requiere mostrar los elementos que permitan comprobarlo.
Tampoco basta con señalar que Litho Formas ha trabajado para el Gobierno Federal o para otras administraciones municipales. Los antecedentes comerciales no eximen a ningún funcionario de explicar sus propias decisiones.
Nuestra investigación no pretende condenar anticipadamente a una empresa ni atribuir conductas ilícitas a servidores públicos sin elementos probatorios.
Lo que exigimos es que se abran los expedientes, se identifiquen las decisiones y se conozca el destino de cada peso público.
Felipe Fernando Macías tiene la responsabilidad política de garantizar esa transparencia. Y Gerardo Romero Altamirano, por sus antecedentes institucionales y su posición actual, tiene la oportunidad de aclarar públicamente si participó o no en esta relación comercial.
El gobierno municipal ya confirmó que los contratos existen y que la relación con Litho Formas viene de tiempo atrás.
Ahora falta conocer desde cuándo, cuánto ha costado y quiénes tomaron las decisiones.
Porque si todo se hizo conforme a la ley, los documentos deberían ser la mejor defensa del Municipio, no un comunicado que deja más preguntas que respuestas.
Y una última interrogante:
¿Por qué el Municipio de Querétaro prefiere explicar la trayectoria de Litho Formas antes que mostrar cómo y por qué decidió contratarla?
¿Por qué insiste en dar explicaciones de una empresa que está bajo investigación por la Auditoría Superior de la Federación? Debe de más bien transparentar todo alrededor de esa empresa.
Se continuará investigando. La transparencia no es una concesión del poder: es una obligación frente a la ciudadanía.
