Ayer la LXI Legislatura de Querétaro aprobó una reforma electoral que, en el discurso, busca fortalecer la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Suena bien. El problema aparece cuando se compara lo que se aprobó con lo que pudo haberse aprobado.
La reforma vigente obliga a los partidos políticos a postular mujeres únicamente en dos de los municipios donde históricamente nunca ha gobernado una mujer. Es un avance, sí. Pero es el avance mínimo.
En la mesa había propuestas más ambiciosas. La diputada Adriana Meza planteó que la obligación alcanzara tres municipios, es decir, la mayoría de los cinco municipios donde nunca una mujer ha encabezado un gobierno municipal. La diputada Claudia Díaz Gayou fue todavía más allá, proponiendo un mecanismo de progresividad para garantizar que las mujeres llegaran a competir en los municipios de mayor concentración poblacional.
¿Por qué importa esa diferencia?
Porque de esos cinco municipios, los de mayor peso político, económico y electoral son precisamente Querétaro y El Marqués. Si la obligación hubiera sido en tres municipios, los partidos difícilmente podrían evitar postular mujeres en alguno de esos grandes bastiones políticos.
Con la reforma aprobada, existe el riesgo de que los partidos cumplan la ley postulando mujeres únicamente en Tequisquiapan y Amealco, municipios con menor población y menores presupuestos. Cumplirían la norma, pero no necesariamente avanzarían hacia una verdadera redistribución del poder político.
Y aquí surge una reflexión incómoda.
La actual Legislatura tiene mayoría de mujeres. Eran ellas quienes tenían la oportunidad histórica de impulsar una reforma más robusta. En lugar de ello, la mayoría terminó respaldando el dictamen menos ambicioso.
No se trata de decir que esta reforma sea mala. Sería injusto afirmarlo. Lo que sostengo es que pudo ser mucho mejor.
Los números también llaman la atención. Fueron 19 votos a favor y seis en contra. Cinco de esos votos en contra provinieron de diputadas, mientras que ocho legisladoras respaldaron una reforma que apenas garantiza el mínimo indispensable.
Durante el debate, el diputado Sinuhé Piedragil reconoció una realidad que comparto: ninguna ley es perfecta, porque la perfección no la construyen los seres humanos. Sin embargo, precisamente porque las leyes pueden mejorarse, vale la pena preguntarse por qué se eligió esta versión y no otra que ampliara las oportunidades políticas para las mujeres.
¿No les quedaba tiempo para votar otra?
¿Fue una negociación entre bancadas?
¿Fue una simulación de igualdad?
¿O seguimos viendo que, al final, las decisiones estratégicas dentro de los partidos continúan siendo controladas por estructuras predominantemente masculinas?
Son preguntas incómodas, pero necesarias.
Y hubo otro tema que pasó prácticamente desapercibido. Durante la discusión, Sinuhé Piedragil hizo referencia a disposiciones relacionadas con publicaciones que pudieran constituir Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Si la interpretación de esas disposiciones termina permitiendo el retiro expedito de contenidos publicados en medios digitales o redes sociales, estaremos frente a un debate que involucra no solo la protección de los derechos políticos de las mujeres, sino también la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Ese tema merece una discusión propia.
Y créanme: la tendremos en la siguiente editorial.
