‘Ayer, el Cabildo de Querétaro celebró una sesión extraordinaria para revocar definitivamente el acuerdo que autorizaba la subasta de 12 predios municipales.
La urgencia fue evidente, convocaron a las seis de la tarde y realizaron la sesión por videoconferencia pública, corrigiendo una decisión que nunca debió aprobarse en esos términos.
Este episodio deja varias lecciones que vale la pena analizar. La primera voz que advirtió sobre los riesgos de la operación fue la regidora Paulina Aguado. En entrevista me explicó las razones de su voto en contra: el Cabildo recibió la documentación con apenas horas de anticipación, sin información suficiente sobre cada predio, sin claridad sobre los posibles compradores y con la preocupación de que un patrimonio valuado en más de 200 millones de pesos se pretendiera vender para gasto corriente.
A esa postura se sumó el regidor Fernando Flores, quien calificó la propuesta como un exceso de la administración municipal y votó en contra del acuerdo.
Días después, la diputada Claudia Díaz Gayou fue más allá. En conferencia de prensa exigió que la venta no solo se suspendiera, sino que se cancelara definitivamente. Acompañada por el regidor Fernando Flores y el diputado Eric Silva, sostuvo que subastar terrenos donados con fines sociales era un acto de abuso e insensibilidad, pues estaban pensados para parques, espacios recreativos y culturales, no para manos privadas.
Posteriormente, el abogado Carlos Rentería advirtió que los regidores que votaron a favor aún podían corregir su decisión, pues de mantenerse el acuerdo, podrían enfrentar señalamientos durante los procesos de fiscalización, al tratarse, desde su interpretación jurídica, de una decisión contraria al marco legal.
La primera integrante del Cabildo en rectificar públicamente fue la regidora Rosy Corral. Mediante un comunicado anunció que promovería la revocación del acuerdo. Explicó que inicialmente votó a favor porque se les dijo que los recursos beneficiarían a la ciudadanía; sin embargo, tras revisar con mayor detalle la documentación, encontró que al menos uno de los predios provenía de donaciones destinadas al equipamiento municipal, lo cual cambió por completo su postura.
La presión política, jurídica, mediática y ciudadana terminó por imponerse. La subasta fue cancelada. Pero el debate de fondo apenas comienza. La pregunta principal sigue siendo la más incómoda. ¿Por qué era necesario vender estos bienes? En entrevista, el exalcalde Armando Rivera sostuvo que el gasto corriente del municipio ha crecido considerablemente respecto a administraciones anteriores y consideró que, antes de vender patrimonio público, debería revisarse la forma en que se están administrando los recursos.
Esa reflexión cobra mayor relevancia si se recuerda que, durante la misma sesión en la que originalmente se aprobó la venta, el regidor Fernando Flores propuso eliminar privilegios administrativos, como los choferes asignados a algunos funcionarios, con el propósito de reducir el gasto corriente.
La propuesta fue rechazada por la mayoría. El contraste resulta inevitable: no hubo voluntad para disminuir gastos, pero sí para vender patrimonio municipal. Otro aspecto preocupante es el funcionamiento del propio Cabildo.
La rapidez con la que se aprobó originalmente una decisión de tal magnitud alimenta la percepción de que muchos acuerdos llegan prácticamente definidos y que el análisis de fondo suele quedar en segundo plano.
Cuando una mayoría vota sin el tiempo suficiente para estudiar expedientes tan relevantes, la función deliberativa del Cabildo pierde sentido y fortalece la imagen de un órgano que simplemente ratifica decisiones previamente tomadas.
Este caso también dejó una enseñanza institucional importante: la máxima autoridad del municipio es el Cabildo, no el presidente municipal. Felipe Fernando Macías no pudo revertir unilateralmente el acuerdo. Para ello tuvo que volver al órgano colegiado que originalmente autorizó la venta y convencer a la mayoría de modificar su decisión. Así funciona el diseño legal del gobierno municipal y este episodio lo dejó claro.
Pero quizá la pregunta más importante ya no es por qué quisieron vender estos predios. La verdadera pregunta es qué clase de gobierno revela este episodio. Uno que empuja una decisión millonaria sin información suficiente, que luego enfrenta rechazo ciudadano, cuestionamientos jurídicos y costo político, y finalmente da marcha atrás.
Corregir puede ser mejor que insistir en un error, pero rectificar no borra la intención original. Y también deja una lección sobre el poder. Cuando una mayoría en el Cabildo aprueba asuntos de enorme trascendencia sin debate profundo, la representación pierde sentido y la confianza se erosiona.
La democracia no es levantar la mano; es deliberar, es cuestionar, y sobre todo, proteger lo que es de todos. Y ojo, Felipe Fernando Macías podría buscar la reelección o incluso la gubernatura. Y cuando llegue ese momento, la ciudadanía tendrá que recordar este episodio. No se trata de castigar por castigar, ni de premiar por inercia. Se trata de votar con memoria.
De preguntar si este gobierno administró con responsabilidad el patrimonio público o si solo rectificó cuando no le quedó de otra. La respuesta no la tiene que dar un periodista ni un partido. La deben dar los ciudadanos con memoria y con la certeza de que el patrimonio público pertenece a las generaciones, no a los gobiernos en turno.
