Se cumplieron dos meses de la caída del ficus de la Alameda de Querétaro. Un árbol que colapsó el 16 de agosto, junto a la puerta 2, sobre avenida Corregidora, dejó una persona muerta, dos lesionadas, una de ellas menor de edad, y seis vehículos dañados.
Dos meses después, la pregunta sigue en pie: ¿qué pasó y, sobre todo, qué estamos haciendo para evitar que vuelva a ocurrir?
El municipio aseguró que las personas afectadas recibirían apoyo. Para los propietarios de los vehículos, la situación puede ser distinta: quienes tengan un seguro con cobertura adecuada podrían recuperar sus pérdidas por esa vía; quienes no, posiblemente tendrán que esperar a que se determinen las responsabilidades y se establezca si procede alguna reparación.
Pero para responder a esas preguntas necesitamos información.
Las ambientalistas Teresa Roldán y Pamela Siurob solicitaron información al municipio hace más de seis semanas y, hasta donde se conoce, no han recibido respuesta. Por su parte, el fiscal general del estado, Víctor de Jesús, señaló que existe una investigación en curso. Sin embargo, hasta el momento no conozco un comunicado público que permita saber en qué etapa se encuentra o qué avances se han obtenido.
Puede haber razones administrativas o técnicas para explicar estos tiempos. Pero también es legítimo preguntarse por qué una tragedia de esta magnitud no ha producido, hasta ahora, información pública suficiente para entender lo ocurrido.
La transparencia no es un favor que se concede cuando una investigación termina. Es una obligación, con los límites que impone la propia investigación, y una condición indispensable para recuperar la confianza ciudadana.
Lo que cuentan las imágenes
Con los recursos limitados de un periodista, recorrí imágenes satelitales y fotografías de Street View correspondientes al periodo de 2013 a 2026. No soy investigador de la Fiscalía ni arborista, y mi revisión no sustituye un peritaje técnico. Sin embargo, encontré un elemento que merece atención: las imágenes permiten observar el crecimiento del ficus y una inclinación hacia la avenida Corregidora que se aprecia a lo largo de los años.
Que un árbol crezca y cambie su forma no significa, por sí mismo, que represente un peligro. Tampoco permite concluir que alguien conocía el riesgo o que existió negligencia. Pero sí abre preguntas que un dictamen especializado debería responder.
¿Qué condiciones presentaba el árbol? ¿Cómo estaban sus raíces? ¿Existían señales de deterioro, afectaciones al anclaje o alteraciones del entorno? ¿Se realizaron inspecciones y, de ser así, qué resultados arrojaron?
Las raíces que quedaron expuestas y fragmentadas tras el colapso hacen especialmente importante conocer las conclusiones técnicas sobre el sistema de anclaje y las causas de la caída.
Los ficus pueden desarrollar estructuras resistentes, pero ningún árbol es invulnerable. Tampoco podemos afirmar, sin evidencia, que la inclinación observada bastaba para anticipar el desenlace. Precisamente por eso necesitamos un dictamen, no especulaciones ni explicaciones improvisadas.
El tamaño del problema
Responsabilizar directamente al municipio por la caída de un árbol sería precipitado sin conocer las causas y las actuaciones previas. Los árboles caen en todo el mundo; lo que debemos preguntarnos es si nuestras ciudades cuentan con sistemas suficientes para identificar riesgos, atenderlos oportunamente y proteger a las personas.
Aquí aparecen cifras que merecen una revisión seria.
El alcalde Felipe Fernando Macías ha señalado que la ciudad cuenta con alrededor de 800 mil árboles. Si tomamos esa cifra como referencia, y consideramos una plantilla aproximada de 384 trabajadores de Parques y Jardines, la proporción equivale a más de 2 mil árboles por trabajador.
Pero esa operación es únicamente ilustrativa: no significa que cada empleado tenga asignados formalmente esos árboles ni que todos deban recibir la misma atención cada año. Además, no todo el personal realiza labores de jardinería o inspección, y el mantenimiento de parques incluye muchas otras tareas.
Si la cantidad de trabajadores dedicados directamente al arbolado es considerablemente menor, como sugieren los datos que he podido revisar, la dimensión del desafío se vuelve todavía más evidente.
También se ha mencionado un presupuesto de 194 millones de pesos para poda alta, derribo y mantenimiento de parques y jardines. Si, solo para dimensionar el problema, dividiéramos esa cantidad entre los 800 mil árboles, obtendríamos aproximadamente 243 pesos por árbol al año.
No significa que ese dinero se asigne individualmente a cada ejemplar, ni que todo el presupuesto esté destinado exclusivamente a su cuidado. Es una división ilustrativa, no una auditoría del gasto. Pero ayuda a entender la magnitud de la tarea y la necesidad de conocer cómo se distribuyen los recursos, cuántos árboles se inspeccionan y qué capacidad técnica tiene realmente el municipio.
Cuidar un árbol no consiste únicamente en podarlo o retirarlo cuando representa un peligro evidente. Implica revisar su salud, valorar sus raíces y su estructura, identificar agentes biológicos, estudiar las condiciones del suelo y reconocer los cambios que pueden comprometer su estabilidad.
Y eso requiere personal capacitado, criterios técnicos, herramientas y una política de mantenimiento preventivo.
Los árboles también son responsabilidad de todos
Tuve el gusto de conversar con la arborista Ariadna González, quien plantea una visión que merece ser considerada: socializar el conocimiento sobre los árboles y promover una responsabilidad compartida entre las instituciones y la ciudadanía.
Puede parecer una propuesta ambiciosa. Pero también es una oportunidad para cambiar nuestra relación con el entorno.
Basta observar lo que ha ocurrido con los perros y los gatos. Nuestra manera de entenderlos ha cambiado: hoy existe una mayor conciencia sobre su bienestar y se han impulsado normas para reconocer y proteger a los animales como seres sintientes.
¿Podemos construir una relación semejante de respeto y responsabilidad hacia los árboles?
No se trata de equiparar realidades distintas, sino de reconocer que la convivencia con otros seres vivos implica obligaciones. Los árboles forman parte de nuestra historia, de nuestros espacios públicos y de las condiciones ambientales que hacen posible la vida urbana. Su valor no se limita a la sombra que ofrecen o al paisaje que embellecen.
La propuesta de Ariadna es generar ciudadanos capaces de reconocer señales de riesgo, autoridades que respondan a los reportes y programas que acerquen el conocimiento técnico a las comunidades. No para trasladar a los vecinos las obligaciones del gobierno, sino para construir una cultura de cuidado compartido.
La responsabilidad no puede terminar en los trabajadores
Sería injusto convertir a los trabajadores de Parques y Jardines en los responsables automáticos de esta tragedia. Son quienes, con los recursos y las capacidades que tienen, deben realizar una tarea enorme. Si faltan personal especializado, presupuesto suficiente, protocolos de inspección o herramientas de diagnóstico, el problema no puede resolverse señalando únicamente a quienes están en el terreno.
La responsabilidad debe establecerse con evidencia y con nombres, cargos y decisiones cuando corresponda. Pero también debe examinarse en el plano institucional: ¿existen políticas públicas adecuadas?, ¿hay un inventario actualizado del arbolado?, ¿se evalúan los ejemplares de mayor riesgo?, ¿se cuenta con especialistas suficientes?, ¿se supervisa el cumplimiento de los programas de mantenimiento?, ¿la legislación responde a las necesidades de una ciudad que sigue creciendo?
Estas preguntas no eximen a nadie. Al contrario, permiten identificar dónde fallaron los mecanismos de prevención, si es que así lo determina la investigación, y qué cambios deben hacerse para evitar otra tragedia.
A dos meses de la caída del ficus de la Alameda, Querétaro necesita conocer la verdad sobre lo ocurrido. Las familias afectadas merecen respuestas; la ciudadanía, información; y los árboles, una política pública que vaya más allá de la poda y el derribo.
Un árbol cayó y una persona perdió la vida. Debemos evitar que la tragedia termine convertida en una noticia que el tiempo olvide.
La pregunta de fondo no es solamente quién fue responsable de la caída de aquel ficus. Es si estamos dispuestos a reconocer que cuidar el arbolado urbano es una obligación pública que requiere conocimiento, recursos, planeación y participación ciudadana.
Mi reflexión final es que una ciudad que no sabe cuidar sus árboles aún no comprende plenamente lo que representan para la vida de quienes la habitan.
Hoy los invito a ver todos los arboles que se encuentren en su camino.
