¿Qué clase de diputados vota contra el reconocimiento de un derecho humano y con qué argumentos justifican su decisión? Esta es la pregunta que debería incomodar a la Legislatura de Querétaro tras el segundo rechazo del gobernador Mauricio Kuri a la Ley de Identidad de Género.
Pero el problema ya no se limita a las diferencias políticas o jurídicas. Ahora hay una controversia sobre el recorrido de las observaciones del Ejecutivo, los plazos para entregarlas y la responsabilidad de quienes debían recibirlas.
Sinuhé Piedragil, quien presidía la Mesa Directiva cuando debía llegar el documento, aseguró que nunca lo recibió. En contraste, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño, sostuvo que las observaciones se entregaron antes del cambio de presidencia. ¿Dónde estuvo el expediente durante esos días? ¿Quién lo recibió y por qué no llegó oportunamente a la instancia correspondiente?
La nueva presidenta de la Mesa Directiva, la priista Adriana Meza, aceptó el documento y ahora debe esclarecer cuándo lo recibió y bajo qué fundamento se considera procedente su trámite. No es un asunto menor: ella votó contra la reforma y tiene en sus manos decisiones que pueden determinar el siguiente paso legislativo.
No se trata de afirmar, sin pruebas, que hubo una operación concertada para bloquear la ley. Se trata de exigir documentos, fechas, acuses de recibo y responsables. Si todo se hizo conforme a derecho, demostrarlo debería ser sencillo.
La aritmética legislativa explica por qué importa tanto este expediente. La reforma obtuvo 15 votos a favor y 10 en contra. Si el procedimiento exige una mayoría de dos terceras partes para superar las observaciones del Ejecutivo, serían necesarios 17 votos de las 25 diputaciones. Morena y sus aliados no cuentan actualmente con esa cifra. Una nueva votación sin esa mayoría podría sepultar la iniciativa.
Mientras tanto, Santiago Nieto sostiene que se trata de garantizar la libre autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad. Walter López, representante de la lucha contra la discriminación, recordó que esta demanda lleva desde 2017 recorriendo el Congreso y denunció que la comunidad trans y no binaria sigue esperando el reconocimiento legal de su identidad.
Arturo Maximiliano García, coordinador de Morena, considera que las observaciones son principalmente de redacción y estilo y propone procesarlas en comisiones unidas. Si esa interpretación es correcta, el Ejecutivo debe explicar por qué las diferencias no pueden resolverse sin prolongar nuevamente el procedimiento. Si existen objeciones jurídicas de fondo, también debe exponerlas con precisión.
El turno a comisiones será otro punto crítico. El expediente podría llegar a la comisión encabezada por el panista Guillermo Vega, quien había expresado disposición a apoyar a los colectivos, o seguir otra ruta legislativa. Lo indispensable es que la decisión se fundamente en criterios jurídicos y transparentes, no en cálculos partidistas.
Mauricio Kuri tiene facultades para formular observaciones, pero también la responsabilidad política de explicar su contenido y acreditar que fueron presentadas oportunamente. La Mesa Directiva y las áreas administrativas del Congreso deben aclarar qué ocurrió con el documento.
Y volvemos a la pregunta central: ¿qué razones constitucionales y legales tienen los diputados que votaron contra esta ley? Una votación es legítima, pero la representación popular exige rendir cuentas. Si consideran que la ley de identidad de género vulnera alguna disposición legal, que lo demuestren. Si existen deficiencias jurídicas, que las identifiquen.
Los derechos humanos no deberían quedar atrapados entre oficinas, plazos y maniobras parlamentarias. Después de casi una década de lucha, la comunidad trans y no binaria merece algo más que otra ronda de trámites.
Querétaro presume instituciones y «Estado de derecho». Es momento de demostrarlo.
La pregunta ya no es quién gana la disputa entre Kuri y Morena. Es quién responde por los derechos de quienes siguen esperando y quién dará la cara si el procedimiento termina convirtiéndose en la vía para impedir que sean reconocidos.
