El director del Instituto defiende el acuerdo salarial de 6.8% y reporta 94% de surtimiento de recetas, pero reconoce que persisten retos operativos.
La consulta del 14 de octubre será clave para conocer la postura de los trabajadores.Las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) obligan a distinguir entre los acuerdos alcanzados por la dirigencia sindical y las inconformidades que persisten entre parte de la base trabajadora.
En un videomensaje difundido el 10 de octubre, el director general del IMSS, Zoé Robledo, explicó que el incremento salarial acordado es de 6.8%: 2.9% directo al salario tabular y 3.9% en prestaciones. Señaló que el acuerdo fue aprobado por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y anunció una consulta a los trabajadores para el 14 de octubre.
El dato importa: la aprobación de los representantes sindicales no elimina el derecho de los trabajadores a expresar desacuerdo ni resuelve por sí misma la controversia sobre el incremento. La consulta permitirá conocer mejor el respaldo de la base.Robledo también reconoció que el crecimiento de la demanda médica genera desafíos para el Instituto. Informó que el surtimiento promedio de recetas alcanza 94%, pero admitió que el porcentaje pendiente representa un problema que debe atenderse.
La cifra nacional, sin embargo, no permite conocer la situación específica de cada hospital o clínica.
Aquí está uno de los puntos centrales del conflicto: si el IMSS reconoce que existen recetas sin surtir, debe explicar dónde están las principales deficiencias y qué medidas concretas se aplicarán para corregirlas. La disposición al diálogo es importante, pero los trabajadores y derechohabientes necesitan resultados verificables.
La responsabilidad tampoco recae en una sola instancia. La dirección del IMSS debe responder por la operación, el abastecimiento y las condiciones laborales dentro de sus atribuciones; la dirigencia sindical debe transparentar los acuerdos negociados y escuchar a sus afiliados; y el Gobierno Federal debe garantizar el marco presupuestario y la atención de las obligaciones públicas que le corresponden.
En Querétaro, el Gobierno estatal no negocia los salarios ni administra los insumos del Seguro Social, pero sí debe facilitar la coordinación institucional y atender las afectaciones viales, procurando mantener libres los accesos para ambulancias y servicios de emergencia.
El conflicto no se resolverá únicamente con cifras ni con llamados a levantar los bloqueos. Requiere escuchar a los trabajadores, contrastar las denuncias con información comprobable y establecer compromisos concretos.
El acuerdo salarial tiene una explicación institucional; la inconformidad laboral necesita ser escuchada y el desabasto reconocido exige soluciones.
La consulta sindical y la respuesta de las autoridades serán determinantes para conocer si el diálogo puede traducirse en acuerdos aceptados y mejores condiciones para trabajadores y pacientes.
En el mensaje que grabó Zoe Robledo, también aseguró que más consultas, operaciones y partos en todos los hospitales y clínicas se dan con normalidad, por lo que no se ha visto afectado el servicio médico pese a las manifestaciones.
