Ayer, el gobernador Mauricio Kuri, acompañado del fiscal general, el secretario de Seguridad Ciudadana y el alcalde capitalino, presentó una visión positiva de la seguridad: segundo lugar nacional en confianza hacia la Policía Estatal, más de dos mil cateos y buenos resultados en percepción de seguridad en la capital.
Son datos que merecen atención, pero no cuentan toda la historia.
En septiembre de 2026, Querétaro registró 4,835 presuntos delitos, un promedio de 161 diarios, y ocupó el lugar 13 nacional por número de registros.
La realidad se vuelve más preocupante al considerar los delitos que no llegan a las autoridades. Según la ENVIPE 2026 del INEGI, la cifra oculta en Querétaro alcanzó el 93.6 por ciento durante 2025. Se estimaron 684,932 delitos y solamente en el 6.4 por ciento se inició una carpeta de investigación.
Detrás de estos números hay víctimas que callan por miedo, desconfianza o porque consideran que denunciar es perder el tiempo. Es una realidad que no podemos ignorar cuando evaluamos la seguridad del estado.
No escribo esto para descalificar el trabajo de las autoridades ni para negar sus avances. Lo hago porque reconocer resultados positivos no significa dejar de señalar lo que falta por resolver.
La confianza en la policía es importante, pero no equivale a una baja incidencia delictiva. La percepción de seguridad tampoco basta para afirmar que vivimos en uno de los estados más seguros del país.
La pregunta es inevitable: ¿estamos midiendo la seguridad por lo que realmente ocurre o por los indicadores que mejor nos hacen quedar?
El mayor riesgo para Querétaro no es solamente la delincuencia; es que terminemos acostumbrándonos a una narrativa en la que los resultados favorables ocupan el centro y los problemas reales quedan en segundo plano.
Un estado no se vuelve más seguro porque lo repita su gobierno, sino cuando sus ciudadanos pueden vivir sin miedo, denunciar sin desconfianza y encontrar justicia.
Las autoridades tienen la responsabilidad de informar sus logros, pero también de enfrentar sus pendientes. Y la sociedad tiene derecho a exigir ambas cosas.
Querétaro no necesita que le digan que está seguro; necesita razones comprobables para estarlo.
